FinCEN anuncia un cambio radical en las regulaciones sobre el lavado de dinero

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN) anunció que cambiará las normas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF) dentro del sector financiero.

En el anuncio se señaló que FinCen recabará la opinión del público sobre las propuestas regulatorias destinadas a modernizar y fortalecer las reglas que rigen los requisitos de informes y monitoreo de las instituciones financieras.

Las nuevas políticas buscan abordar “las amenazas en evolución de las finanzas ilícitas, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y delitos relacionados”, lo que sugiere que las empresas cripto y los exchanges estarán firmemente en la mira de los próximos cambios regulatorios.

También afectarán las obligaciones de cumplimiento de los bancos, uniones de crédito, casinos, compañías de seguros, fondos mutuos y distribuidores o corredores de futuros, materias primas, piedras preciosas y metales preciosos.

Las nuevas regulaciones AML tienen como objetivo identificar y combatir la actividad financiera ilícita a través de requisitos sólidos de mantenimiento de registros y evaluación de riesgos, y el regulador espera reforzar la definición y los requisitos de un programa AML “eficaz y razonablemente diseñado” bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Señala que el término actualmente “no tiene una definición específica y coherente en la regulación existente”.

“Las enmiendas regulatorias bajo consideración tienen como objetivo modernizar el régimen normativo para abordar las amenazas cambiantes de las finanzas ilícitas y brindar a las instituciones financieras una mayor flexibilidad en la asignación de recursos, lo que se traduce en una mayor efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero”.

FinCen actualmente está considerando recomendaciones de políticas del Grupo de Trabajo de Efectividad contra el Lavado de Dinero, una entidad que comprende representantes de agencias de aplicación de la ley estatales y federales, instituciones financieras y grupos comerciales que operan bajo las regulaciones de BSA.

El grupo de trabajo busca el establecimiento de una guía específica para las personas políticamente expuestas y una mayor claridad con respecto a los requisitos para el monitoreo y reporte de actividades sospechosas.