Vauld, prestamista de criptomonedas en apuros, amplía la protección de sus acreedores

Un tribunal de Singapur ha concedido a la plataforma de préstamos de criptomonedas en apuros, Vauld, otro periodo de protección de acreedores. La empresa debe presentar un plan de reactivación antes del 28 de febrero.

Como informó Bloomberg el 17 de enero, se ha concedido a Vauld más de un mes para cerrar sus negociaciones con uno de los dos gestores de fondos de activos digitales para hacerse con el control ejecutivo de los tokens atascados en su plataforma. Al parecer, el alto tribunal de Singapur quedó satisfecho con la afirmación de la empresa de que las negociaciones han entrado en “fase avanzada”.

En julio de 2022, la plataforma paralizó los retiros de fondos para sus 800,000 clientes, alegando unas condiciones de mercado desfavorables y una cifra sin precedentes de USD 200 millones en retiros en menos de dos semanas. En agosto de 2022, ya se le concedió una moratoria de tres meses para desarrollar un plan de reestructuración del negocio y ofrecer un mejor resultado a sus acreedores. Por aquel entonces, el juez denegó la solicitud de la empresa de un periodo de protección de seis meses, alegando que una moratoria más larga “no conseguirá una supervisión y vigilancia adecuadas”.

Desde el principio de la primera moratoria, se supo que Nexo, un prestamista de criptomonedas con sede en Suiza, pretendía adquirir Vauld con todos sus activos. Sin embargo, luego de que la propia oficina de Nexo en Bulgaria fuera allanada por la policía, Vauld negó cualquier posibilidad de este acuerdo.

No es la primera vez que las autoridades de Singapur demuestran su disposición a permitir que las empresas de criptomonedas en apuros solucionen sus problemas. A otra importante plataforma con sede en Singapur, Zipmex, se le concedió una moratoria de tres meses para solucionar sus problemas de liquidez en agosto de 2022.

Sin embargo, el destino de los préstamos de criptomonedas en el país sigue sin estar claro, pues el banco central de Singapur ha propuesto prohibir a los proveedores de servicios de tokens de pago digitales ofrecer “cualquier facilidad de crédito” a los consumidores, incluidas tanto el dinero corriente como las criptomonedas.

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