Manifestantes pidieron que se derogue la “Ley Bitcoin” en El Salvador

Manifestantes se expresaron en El Salvador, en contra de la llamada «Ley Bitcoin«. Así lo informó el diario El Mundo, a través de su cuenta de Twitter, donde mostraron imágenes de la manifestación.

Los manifestantes, que se presentaron como «Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular», expresaron que representaban a un conglomerado de organizaciones populares y que rechazan la «Ley Bitcoin», exigiendo su derogación.

En este sentido, quienes se manifestaron expresaron sus ideas de por qué piden esto, en un escrito,  que – entre otras cosas, y según se transcribe textualmente- dice lo siguiente:

«1- La Ley Bitcoin fue impuesta por el presidente Nayib Bukele sin consultar al pueblo, de manera improvisada y sin estudios técnicos. Encuestas de opinión revelan que el pueblo y la mayoría de empresarios la rechazan porque tiene efectos negativos sobre los precios y los ingresos, y solo le sirve a algunos grandes empresarios, sobre todo los vinculados al gobierno, para lavar dinero mal habido.

2- El bitcoin es altamente volátil y por lo tanto especulativo. Quien convierta 100 dólares en bitcoin, al día siguiente puede tener 50 dólares. Es como jugar a la lotería, solo que apostar a la lotería es un acto voluntario, mientras que el bitcoin es obligatorio según la ley.

3- Los empresarios que pongan sus capitales en bitcoin no pagarán impuestos sobre sus ganancias. Además, para aplicar el bitcoin el gobierno gastará millones de dólares de los impuestos que paga el pueblo»

Después, preguntaron: «¿Por qué no se invierte toda esa millonada en resolver los problemas de pobreza y marginalidad del 40% de la población del país?»

Pero el texto no quedó allí, sino que manifestaron una dura opinión al final: «El bitcoin facilitaría la corrupción pública y las operaciones de los traficantes de drogas, armas y personas, de los extorsionistas y los evasores de impuestos. También provocaría un caos monetario, golpearía los salarios, pensiones y ahorros de la gente, arruinaría muchas MIPYMES, afectaría a las familias campesinas y golpearía a las capas medias».

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