MakerDAO lanza un fondo de defensa legal de USD 5 millones

Según un nuevo post en las redes sociales el 1 de febrero, la organización autónoma descentralizada Maker, o MakerDAO, ha aprobado la creación de un nuevo fondo dedicado a los gastos relacionados con la defensa legal. 

MakerDAO es el emisor de la stablecoin DAI en dólares estadounidenses. Según han informado los desarrolladores, Maker destinará 5 millones de DAI a “reembolsar los gastos de defensa legal en caso de acciones legales o regulatorias contra participantes específicos de MakerDAO.” El post explicaba además:

“Inicialmente, la cobertura se brindará a Delegados Reconocidos, Facilitadores de Unidad Central, contribuyentes permanentes de Unidad Central y titulares activos de MKR. La acción legal contra el beneficiario debe estar directamente relacionada con sus actividades en MakerDAO”.

Al explicar la decisión, los desarrolladores señalaron que tales costos no podían “transferirse a través de un seguro tradicional”. Por lo tanto, el Fondo de Defensa MakerDAO servirá como una herramienta de autoseguro para sus participantes. Por otro lado, el fondo de la fundación DAI preexistente se utiliza para emprender acciones contra terceros que infrinjan la propiedad intelectual de Maker.

Maker Governance aprobó la creación de un nuevo Fondo de Propósito Especial llamado Fondo de Defensa.

El fondo reembolsará los gastos de defensa legal incurridos por los participantes activos de MakerDAO en caso de acción legal o regulatoria.

¿Cómo funcionará?

La organización declaró que un comité técnico externo gestionaría las reclamaciones y los pagos con autoridad para recomendar la aprobación o el rechazo de los pagos en función de las reclamaciones presentadas. Simultáneamente, un comité de control revisará la recomendación del comité técnico y tendrá la última palabra sobre la reclamación. Tras la aprobación, los fondos se abonan en cantidades en sumas globales.

Aunque no es exclusiva de Maker, la industria de las DAO se ha enfrentado a crecientes preocupaciones sobre la situación jurídica de muchas entidades y qué estatutos se aplicarían a sus operaciones pertinentes. Entre otras cosas, los expertos afirman que, en ocasiones, los desarrolladores pueden verse presionados por miembros de la comunidad para realizar tareas ilegales, lo que no se sostendría como defensa legítima en la mayoría de los tribunales de justicia. 

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