Las Bahamas se asesoran mientras el caso FTX sigue su curso en los tribunales de EE.UU. y se enconan los desacuerdos

Bahamas tendrá representación legal en el caso FTX. El país caribeño eligió a Brown Rudnick como asesor “en determinados asuntos relacionados con la quiebra de FTX Digital Markets Ltd.”, junto con abogados bahameños y otros expertos, según un comunicado emitido por el bufete. 

FTX Digital Markets tiene su sede en Bahamas, y la cúpula directiva de la empresa vivía en ese país. Los casos contra los miembros del equipo directivo se están juzgando ahora en Estados Unidos tras la extradición desde Bahamas del ex director general, Sam Bankman-Fried.

Brown Rudnick lleva trabajando para Bahamas desde marzo de 2022 en la elaboración de una declaración de política nacional sobre activos digitales. La firma fue recontratada por el país después del colapso de FTX, y presentó una declaración de registro ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según lo requerido por la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938, a fines de diciembre, diciendo:

“Algunas de las actividades del Registrante pueden implicar la preparación y difusión de materiales informativos y otras relaciones con agencias gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses”.

Brown Rudnick también puede preparar contenido escrito para las redes sociales en nombre de Bahamas, decía.

Las Bahamas han participado activamente en el caso FTX desde su inicio y las diferencias con los fiscales estadounidenses comenzaron casi de inmediato. Un día después de que FTX se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, Bahamas presentó ante un tribunal estadounidense una demanda competidora al amparo del Capítulo 15 de la Ley de Quiebras.

La Comisión de Valores de Bahamas (SCB) ordenó que todos los activos digitales de FTX Digital Markets se transfirieran a un monedero que controlaba tras el inicio de los casos de quiebra, lo que provocó críticas por parte de la nueva dirección de FTX que se convirtieron en acusaciones de que la SCB había pedido a Bankman-Fried que creara un nuevo token para ella y que intentaba favorecer a los ciudadanos del país en las demandas contra la empresa.

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