La FCA británica toma medidas contra los anuncios de activos de alto riesgo, pero no contra las criptomonedas

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) británica exige a las empresas que comercializan inversiones de alto riesgo unas advertencias de riesgo más claras y destacadas. Algunos incentivos de inversión, como las bonificaciones por recomendar a un amigo, quedarán totalmente prohibidos. 

En una nota publicada el 1 de agosto, la FCA ha ultimado unas normas más estrictas para “ayudar a atajar los anuncios engañosos que incitan a invertir en productos de alto riesgo”. El intento del regulador de reducir el número de personas que invierten en productos de alto riesgo se debe a la preocupación de que “un número significativo de personas” no entienda los riesgos grabados en algún tipo de inversión.

Las promociones de criptoactivos, sin embargo, están exentas de las nuevas directrices. La FCA tiene la intención de elaborar normas definitivas sobre la promoción de criptoactivos solo después de que el Gobierno confirme que dichos activos son competencia del regulador.

Sin embargo, como el comunicado califica a las criptomonedas como un activo de alto riesgo, las futuras reglas probablemente coincidirán con las que ha dibujado en el anuncio. Según la FCA

” Las criptomonedas siguen siendo de alto riesgo, por lo que la gente debe estar preparada para perder todo su dinero si decide invertir en criptoactivos”.

Tras la declaración, el año pasado la FCA intervino en un número significativamente mayor de promociones financieras para evitar daños que antes. En el año que terminó en julio de 2022, modificó o retiró 4,226 anuncios. 

La FCA está invitando a presentar comentarios sobre las nuevas normas antes del 10 de octubre de 2022, y promete confirmar su proyecto final a principios del próximo año.

El 20 de julio se presentó en el Parlamento del Reino Unido el proyecto de ley de servicios y mercados financieros. Regulará las stablecoins y ampliará la Ley Bancaria de 2009 y la Ley de Servicios Financieros (Reforma Bancaria) de 2013 para cubrir los “activos de liquidación digital” (DSA), autorizando al Tesoro a regular los DSA.

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