La Comisión de Derecho del Reino Unido espera un “impacto sustancial” de la revisión de la ley de activos digitales

La Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales espera convertir al Reino Unido en una jurisdicción líder en la resolución de litigios relacionados con tecnologías emergentes como las criptomonedas, los activos digitales y la documentación electrónica.

El proyecto, denominado “Digital Assets: ¿Qué ley, qué tribunal?”, se anunció el 18 de octubre con el objetivo de revisar los desafíos legales internacionales relacionados con las criptomonedas y ofrecer recomendaciones para la reforma legal en el Reino Unido.

Cointelegraph se puso en contacto con la Profesora Sarah Green, Comisionada de Derecho Mercantil y Derecho Común, para desentrañar la fuerza impulsora del último proyecto de reforma legal de la autoridad. El organismo de revisión legal del Reino Unido ha llevado a cabo anteriormente proyectos dirigidos a los contratos inteligentes, los activos digitales y las organizaciones autónomas descentralizadas.

Según Green, los anteriores proyectos de reforma legal identificaron varios problemas a la hora de determinar qué leyes se aplican a las disputas internacionales relacionadas con la tecnología y qué tribunales deberían residir en ellas.

Como explicó Green, las normas existentes de derecho internacional privado aplicables a los litigios sobre la propiedad se basan en que la propiedad en cuestión tenga una ubicación clara y definitiva. Esto proporciona una clara conexión con una jurisdicción legal concreta.

Dado que los activos digitales y las tecnologías emergentes no suelen encajar en este “molde tradicional”, las leyes existentes para los litigios relacionados con los activos digitales y los tribunales que deben conocer de ellos no son necesariamente adecuados:

“Esto ha dado lugar a un elemento de incertidumbre sobre cómo un tribunal puede aplicar las normas existentes. De hecho, los tribunales ingleses ya han tenido que lidiar con la difícil cuestión de dónde se encuentran ciertos activos digitales a efectos de establecer la jurisdicción en relación con los demandados internacionales.”

A continuación, Green dio un par de ejemplos de litigios en 2020 y 2021. Estos casos se vieron obstaculizados por la dificultad de determinar la jurisdicción de los activos digitales implicados. El proceso es crucial para decidir si un demandante puede notificar un procedimiento en un tribunal o país determinado. Como destacó Green, los casos en cuestión proporcionaron instancias del mundo real que exigen claridad jurídica:

“Los problemas no son abstractos o hipotéticos, sino reales y tangibles”.

La Comisión Jurídica se propone elaborar un informe con recomendaciones de reforma en el contexto del Derecho internacional privado y los activos digitales. A continuación, se someterá a consulta pública con un proyecto de recomendaciones de reformas legales en el segundo semestre de 2023.

Green subrayó su convencimiento de que el proyecto tendrá un impacto sustancial en el estatus de la ley inglesa como elección de ley y jurisdicción preferida para resolver disputas:

“Está muy bien proponer reformas del derecho interno inglés, pero para extraer todo el beneficio de esas reformas, lo ideal es que vayan acompañadas de reformas de las normas que determinan si se aplica el derecho inglés y si los tribunales ingleses pueden conocer del litigio en primer lugar.”

La Comisión Jurídica del Reino Unido propuso en julio de 2022 una serie de reformas legales destinadas a proporcionar un mayor reconocimiento y protección legal a los usuarios de criptomonedas y activos digitales. La medida fue impulsada por el rápido crecimiento de la propiedad y el comercio de los tokens no fungibles (NFT) y las criptomonedas en el país.

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