Dos tercios de los negocios de criptomonedas en Estonia pierden sus licencias

Uno de los países elogiados como uno de los más amigables con las criptomonedas de la Unión Europea revocó las licencias de más de 1,000 empresas de criptomonedas en 2020. 

Según el medio de comunicación Postimees, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, o FIU, ha revocado este año las licencias de aproximadamente el 70% de las empresas de monedas virtuales que operan en el país. Veiko Tali, el Secretario General Adjunto del Comité Gubernamental para la Prevención de Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dijo que las restantes empresas de criptomonedas también requerían “atención especial” dados los riesgos potenciales:

“Necesitamos vigilar el desarrollo de nuevas tecnologías y gestionar los riesgos de lavado de dinero asociados.”

El medio del comunicado declaró que, tras la purga, quedan 400 proveedores de servicios relacionados con criptomonedas con las licencias correspondientes en Estonia. El organismo de control financiero informó que el año pasado operaban en el país 900 empresas de ese tipo.

En junio se produjo una importante represión, cuando la Dependencia de Inteligencia Financiera revocó las licencias de 500 empresas de criptomonedas en respuesta a un escándalo de lavado de dinero por el valor de $220,000 millones en Estonia. Los organismos reguladores retiraron los permisos porque las empresas de criptomonedas no habían empezado a funcionar en los seis meses siguientes a la concesión de la licencia.

En ese momento, el jefe de la FIU, Madis Reimand, calificó las acciones del organismo de control financiero como “el primer paso para ordenar el mercado”.

En 2017, el país fue visto por muchos como un pionero de las criptomonedas con una serie de leyes aparentemente destinadas a fomentar los exchanges y las ICO. Sin embargo, el panorama reglamentario de Estonia ha cambiado desde entonces y va más allá de los requisitos de las leyes de la Unión Europea sobre “conozca a su cliente” de 2019, lo que hace más difícil el camino para las empresas de criptomonedas autorizadas que intentan cumplir las reglamentaciones locales.

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