¿Cómo cambiará el juego el nuevo equipo de cumplimiento normativo para las criptomonedas del Departamento de Justicia de EEUU para los actores de la industria? ¿Cambiará para bien o para mal?

El 6 de octubre, el Departamento de Justicia, o DOJ, de Estados Unidos anunció la creación de una unidad especializada, el Equipo Nacional de Aplicación Normativa sobre Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) encargado de enjuiciar los usos delictivos de los activos digitales y la infraestructura de las criptomonedas, así como de rastrear y recuperar las criptomonedas mal habida.

La medida continúa el impulso de las autoridades estadounidenses para crear disrupción en los rincones del ecosistema cripto que se cree que facilitan la actividad ilícita, como los ataques de ransomware. ¿Qué depara el aumento de la aplicación normativa de las criptomonedas del gobierno para el espacio de activos digitales más grande?

Agrupando la experiencia en criptomonedas

La nueva unidad operará de acuerdo con los principios articulados hace casi exactamente un año en el Marco de Aplicación de Criptomonedas del DOJ. El documento, por ejemplo, afirma la amplia jurisdicción del Departamento sobre la actividad delictiva que afecta la infraestructura financiera o de almacenamiento de datos dentro de EE. UU.

Además de investigar sus propios casos y apoyar los esfuerzos de las Oficinas de los Fiscales de EE. UU. en todo el país, el NCET promoverá la cooperación entre todas las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales pertinentes para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas. El equipo también tiene la tarea de capacitar y asesorar a los agentes del orden sobre asuntos de criptomonedas y desarrollar estrategias de investigación.

Los agentes del nuevo grupo de trabajo provendrán tanto de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos como de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del DOJ, así como de varias Oficinas de Abogados de Estados Unidos.

En una conversación con Cointelegraph, Kevin Feldis, socio del bufete de abogados Perkins Coie, calificó a MLARS y CCIPS como “componentes muy respetados del Departamento de Justicia”, cuyos miembros están “bien versados ​​en el manejo de investigaciones transfronterizas y en la coordinación con las fuerzas del orden en el mundo entero”.

Nueva herramienta para políticas existentes

Se espera que el NCET dirija sus esfuerzos de aplicación normativa hacia servicios de dinero ilegales o no registrados, infraestructura de pagos de ransomware y varios otros mercados donde el dinero digital se encuentra con la actividad delictiva. Nada de esto es particularmente nuevo, y el Departamento de Justicia simplemente está armando un mecanismo coordinado más ágil para abordar el delito cibernético y potencialmente recuperar fondos robados.

El anuncio también amplía la serie de desarrollos que ilustran el compromiso de la administración de Biden con la postura de hacer cumplir la ley sobre el delitos cibernéticos, incluida la actividad delictiva facilitada por las criptomonedas.

Jackson Mueller, director de política y asuntos gubernamentales de la firma de activos digitales Securrency, comentó a Cointelegraph:

Este anuncio no debería sorprendernos a quienes seguimos a la administración Biden y sus esfuerzos, ya sea a través de los reguladores financieros federales, el Departamento del Tesoro, el grupo de trabajo del presidente sobre monedas estables, entre otros, para aplicar un mayor escrutinio y acciones de cumplimiento contra el ecosistema.

Mueller agregó que el surgimiento del NCET indica la preferencia del gobierno por políticas más centradas en la aplicación de la ley en lugar de la orientación hacia el compromiso y la cooperación que muchos en la industria preferirían ver.

Michael Bahar, presidente de práctica de ciberseguridad en el bufete de abogados global Eversheds Sutherland, remonta las raíces de la iniciativa NCET a la orden ejecutiva de Joe Biden de mayo de 2021, que hizo que fuera una prioridad máxima llevar a cabo el alcance total de las autoridades y los recursos del gobierno federal para proteger los sistemas informáticos de la nación contra los ataques cibernéticos. Bahar comentó además:

Como parte de ese esfuerzo de todo el gobierno, el Departamento de Justicia de EE. UU. está aprovechando sus décadas de experiencia en el seguimiento del dinero y en la erradicación del lavado de dinero, tanto para atrapar a los perpetradores y devolver el dinero, como para socavar el incentivo financiero para que los delincuentes se involucren en ataques de ransomware en primer lugar.

Ron Brisé, abogado de asuntos gubernamentales y lobbys del bufete de abogados Gunster, dijo que el Departamento de Justicia está “conectando los puntos en todas sus secciones para brindar un enfoque más centralizado a las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con las criptomonedas”. Brisé agregó que no le sorprendería ver que ciertos estados individuales replican la iniciativa federal, instituyendo sus propios equipos de aplicación de criptomonedas en un futuro cercano.

Implicaciones más generales

Por supuesto, erradicar a los malos actores del sector de las criptomonedas que le dan a toda la industria un mal nombre a los ojos del público (y, muy a menudo, a los ojos de los legisladores) es un esfuerzo noble. Sin embargo, también hay espacio para una preocupación legítima por aquellos jugadores de criptografía que actúan de buena fe e invierten recursos sustanciales en el cumplimiento, es decir, para la gran mayoría de los participantes de la industria.

No es difícil imaginar un escenario en el que una aplicación demasiado agresiva podría crear una carga adicional para los actores legítimos.

Kevin Feldis de Perkins Coie cree que el enfoque del Departamento de Justicia en aumentar las investigaciones criminales y desarrollar la capacidad para recuperar los ingresos ilícitos de criptomonedas probablemente también signifique un mayor escrutinio del gobierno en toda la industria. Feldis agregó:

El panorama legal y regulatorio aún está evolucionando, y es probable que invertir en el cumplimiento y ser un buen ciudadano corporativo cripto sirva bien a los actores de la industria frente a este mayor enfoque en la aplicación del gobierno por parte del DOJ, la SEC y otros.

Al mismo tiempo, el tipo de aplicación experta que sea lo suficientemente competente como para señalar a los delincuentes sin imponer una carga excesiva a los buenos podría ser una bendición para el sector. Tener a todas las personas más conocedoras de las criptomonedas del Departamento de Justicia dentro de una fuerza bien coordinada también podría llevar al NCET a ceder su autoridad de aplicación de manera específica.

Ron Brisé de Gunster señala que la aparición de una unidad de criptomonedas especializada dentro del Departamento de Justicia podría considerarse beneficiosa, considerando todo. Comentó:

Desde una perspectiva más amplia, si existe un recurso para aquellos cuyos fondos digitales son robados, los niveles de confianza tanto para los consumidores como para las empresas de criptomonedas aumentarán.

De hecho, si el NCET cumple con su misión declarada en lugar de lanzar redes que son innecesariamente amplias, el espacio cripto se convertirá en un lugar más seguro para la actividad financiera legítima.

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